Las vergüenzas del gobierno del PP y AEC

La llamada desaceleración, crisis, o recesión

Son muchas las personas que no quieren saber que la llamada desaceleración, crisis o recesión actual tiene tanto de política como de economía. Son los ricos y poderosos de este planeta Tierra – no un oscuro mecanismo abstracto – los que han ocasionado esta involución, con o sin la clásica subida del precio del petróleo, con o sin inflación de precios al consumidor.

Entre otras, algunas gentes importantes del país se saltaron todas las reglas y nadie se encargó de que funcionara la legalidad económica y la prudencia en la gestión del préstamo del Banco de España. Al menos esta es la impresión que se respira en la calle. Quizás esta apatía tanto política como económica pueda ser un castigo a la soberbia humana, a la avaricia, y a la insolidaridad.

Aquí primó más, vender la finca multiplicando su valor de mercado por 5 o por 10, sin pararse a pensar (vendedores, promotores, constructores, inmobiliarias) en las repercusiones de los inconsistentes avales ni en los reducidos salarios eventuales de los futuros propietarios. Y se cegaron unos empeñados en darle a su familia un lugar donde vivir con holgura y bienestar, nada debemos decir en su contra más que el gobierno acuda en su auxilio, pero otros utilizando la pillería sacaron muchos dineros jugando con la ilusión de todos sin excepción.
Hasta se cegaron los dueños de las finanzas con tan virtuales y grandes beneficios a pesar de que el sensato profesional a su servicio, le advertía de que las reglas de cálculo financiero evidenciaban un elevado riesgo. Por algo somos el país de la Unión Europea con más morosidad y paro.

Por otra parte, todo el mundo considera y se respira en la calle, que los planes de rescate de préstamos reembolsables es una transferencia masiva de los ingresos del pueblo a los más ricos, es decir, refundar el capitalismo revistiendo de oro los enormes bolsillos de los culpables de la desaceleración, crisis o recesión. Quizá la magnitud del anunciado desastre requiera semejante medida “histórica” aunque no pueda ser comprendida en un estado de derecho plural y democrático.

Aunque parte de la culpa la tenga la U E, que, teniendo todas las posibilidades de establecer un modelo financiero único, un mercado de valores unificado, y un sistema de garantías, sigue jugando con dos barajas. Sumidos en el pensamiento democrático liberal y de mercado abierto tras la caída del muro de Berlín.

Sin duda, y á la vista del resultado obtenido, alguien tendrá que poner coto a tanta insensatez con el cierre masivo de empresas y a las largas listas de parados de todos los sectores, inclusive en los despidos en las empresas del ladrillo, fábricas de coches, y servicios. Si ese alguien no lo hace a tiempo los eternos olvidados no podrán acceder al bienestar prometido por sus impagados sacrificios.

Agua dulce para el pinar de la Magdalena

Con la construcción de la vía férrea Betanzos – Ferrol (1.910) se inicia la lenta trasformación de la zona trasdunar. En 1.940 unos pocos vecinos de Cabanas iniciaron la plantación de pinos hasta llegar al borde de la playa. La abundancia de manantiales y las enormes charcas de agua dulce facilitaron su crecimiento y vigorosidad en aquellos calurosos días de verano.
La llegada masiva de visitantes al nuevo apeadero demanda otros usos en el entorno, y aquella fauna y riqueza hidrológica es minorada en la década de los 60 con la construcción de media docena de edificios y numerosas casas residenciales. Se hizo una depuradora y se construyeron instalaciones municipales para aseo y cambio de ropa de bañistas que nunca funcionaron, canalizando al alcantarillado el agua dulce de prados y manantiales.

Más tarde en los años 90 se vio la necesidad de construir una nueva salida bajo la vía férrea para el transito de los coches a la nacional 651. Y se redujo el espacio del pinar seriamente afectado para construir un paseo paralelo a la carretera. Sin estudios técnicos medioambientales se taponó entre otras la tajea bajo la vía del tren para construir un paso peatonal. La repercusión de las actuaciones en el hábitat fue enorme y las plagas y enfermedades invadieron los mejores ejemplares de pinos.

Y por fin, y es de alegrase y aplaudir, la Demarcación de Costas ha decidido realizar un estudio para la regeneración del pinar de la Magdalena, la ordenación y equipamiento de infraestructuras eliminando viales y servicios de chiringuitos de acuerdo con la concejalía de turismo.
Pero no hay que olvidar que las aguas dulces constituyen un hábitat donde viven y se desarrollan gran variedad de seres vivos, entre ellos la masa arbórea, de los cuales dependen del rico elemento para su subsistencia y protección contra las distintas plagas que asolan a los mejores ejemplares. El oxígeno y el anhídrido carbónico disuelto en el agua son los dos gases de mayor importancia. El oxígeno disuelto en el agua proviene de la fotosíntesis que realizan los vegetales con clorofila. Las sales minerales más abundantes son los carbonatos, los sulfatos y los cloruros. Los cationes de mayor importancia son el calcio (64%), el magnesio (17%), el sodio (16%) y el potasio (3%). La concentración de sales minerales en las aguas dulces tiene relación con los procesos de osmorregulación de estos seres vivos.

Pese a quien pese el agua dulce y sus componentes minerales es uno de esos elementos vitales que deben actuar en el medioambiente dañado sin olvidarnos de otras actuaciones de urgencia como el abonado del suelo, la tala y fumigación de ejemplares con el fin de evitar la desaparición de aquel verde y majestuoso pinar que plantaron y mantuvieron vigoroso aquellos vecinos, para disfrute y conservación de las presentes y futuras generaciones.

En Cabanas, a 17 de noviembre de 2008.

Juan María Campos Vilar.

Concejal por Iniciativa Veciñal Cabanesa

"O incumprimento das promesas do Alcalde de Cabanas ",sin contar coa Corporacion municipal.......

Urge demolición del espigón de la playa de la Magdalena

DESDE INICIATIVA VECIÑAL CABANESA DEMANDAMOS:

1. La demolición total del espigón de la playa.
2. El retranqueo del paseo de la Magdalena.
3. Estudios e informes que determinen la no afectación del nuevo embarcadero (200 plazas) a las zonas de marisqueo de O Fabal.

En el pasado pleno ordinario de 30 de julio de 2008 la corporación municipal del Ayuntamiento de Cabanas aprobó por unanimidad la demolición del espigón de la Magdalena. La propuesta del Sr. Alcalde es consecuencia de la actual situación de deterioro del pinar y el tratamiento erróneo que Costas realizó estos últimos años con la ampliación de 20 m. de la playa seca mediante la regeneración de la misma con 248.520 m3 de arena.

1. La demolición total del espigón de la playa:

El espigón se hizo a finales de los 80 bajo fuertes presiones de los distintos sectores e instituciones implicadas, que pretendían resolver el daño que causaban los oleajes invernales en las zonas de marisqueo y el poco calado que tenía el río Eume bajo el puente del tren. Con este “espigón de abrigo” desaparecieron las zonas de marisqueo: almejas, navajas, berberechos. Con el paso del tiempo la sedimentación de fangos y los restos contaminantes de las tragedias marítimas se hicieron con el entorno natural, lo degradaron e invadieron la playa. Por este motivo el 6 de julio de 2004 (Registro municipal nº 1311) Costas presenta un proyecto al ayuntamiento con el fin de “resolver la dinámica del litoral y del estuario”, con especial atención a la playa de Cabanas. Del resultado de estos estudios la Demarcación de Costas llegó a la conclusión de que:
• De las soluciones planteadas se ha concluido que la única que garantiza la problemática planteada es el mantenimiento del espigón y el dragado de un canal de 100 x 712 m. y 158.375 m3
Esta actuación planteada en 2004 fue un error que ahora tendrá que resolver quien la provocó, la mantuvo y la empeoró con la ampliación del puerto pesquero. Las zonas de marisqueo están perdidas, la flota de bajura va a menos y el calado no permite la entrada de barcos con la marea baja. Es por lo tanto de justicia que con la pérdida de las zonas de marisqueo, la degradación de la playa, y el taponamiento de la garganta del Eume Costas opte por la alternativa de la demolición total del espigón y del retranqueo del paseo marítimo.

2. El retranqueo del paseo de la Magdalena:

El paseo de la playa pasa por debajo del último arco del puente del tren. En su construcción se ahorro dinero al no hacerse un arco peatonal amplio que permitiese la accesibilidad a la zona de O Fabal por debajo de la vía férrea. Pero se ocupó un espacio vital para la fluidez de las aguas con la ampliación del paseo por debajo del último arco del puente de hierro. Es necesario recuperar las márgenes del río para dar mayor fluidez a sus aguas evitando una mayor sedimentación y el depósito de cargas contaminantes no deseadas en los bancos de marisqueo y zonas de baño.
Costas debe decidirse para retranquear el paseo en los términos que manifiesta en su estudio de julio de 2004, y así se lo pedimos y se lo hicimos ver al Sr. Alcalde, a la delegada de medio ambiente y a toda la corporación municipal en la sesión plenaria del 30 de julio; para que cuando expongan y acuerden en el nombre de Cabanas cuestiones de relevancia en la desembocadura del Eume transmitan nuestras dudas e inquietudes a los técnicos y responsables que tutelan nuestra riqueza natural.

3. Estudios e informes que determine la no afectación del nuevo embarcadero (200 plazas) a las zonas de marisqueo:

De un tiempo a esta parte, y entre otras actuaciones públicas de dudosa necesidad, Costas construyó un embarcadero en Pontedeume. Amplió el puerto pesquero a pesar de la falta de calado y de la progresiva reducción de la flota de bajura, infrautilizando un espacio vital para la Conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente en el entorno; la protección de la salud de las personas, y la utilización prudente y racional de los recursos naturales.
Es necesario que de una vez por todas el Ministerio de Medio Ambiente asuma sus responsabilidades y adopte medidas destinadas a hacer frente a los problemas generados en el Delta del Eume, la degradación de la playa y en las zonas de marisqueo, y sobre todo, que le instamos a que elabore un proyecto global para solucionar las graves afectaciones en la desembocadura para recuperar las zonas de marisqueo degradas e impulsando el turístico local que tanto precisamos.


En Cabanas, a 8 de agosto de 2008.

Un cordial saludo de

Dereito dos concelleiros a obter información e copias

Dereito a información dos membros das Corporacións Locais

O dereito a información e a obtención de copias dos membros das Corporacións Locais baséase fundamentalmente no artigo 23 da Constitución Española:
Que establece que os cidadáns teñen o dereito a participar nos asuntos públicos, directamente ou por medio de representantes, libremente elixidos en eleccións periódicas por sufraxio universal. Así mesmo teñen dereito a acceder en condicións de igualdade ás funcións e cargos públicos cos requisitos que sinalen as leis. O artigo 23 CE cando se interpreta xunto co art. 9.2 da CE, está intimamente ligado co dereito á información dos membros das Corporacións locais, xa que un cargo electo non debe atopar obstáculos pra o desenvolvemento ordinario da súa función, pois doutro xeito se vulneraría directamente o dereito que ten ao exercicio da súa función de representación política, ao impedir a plena efectividade do dereito dos cidadáns a participar nos asuntos públicos (STC 214/90, e tamén 10/1983 e 32/1985 e STS de 17 de decembro de 2001, STS do 23 de marzo de 2001, ou a sentenza do 25 de abril de 2000): o acceso á información é inherente á condición representativa dos membros das Corporacións locais.

Esta base constitucional implica unha delimitación do dereito, de tal forma que a información á que se accede o é para o desenvolvemento da súa función representativa, excluíndo un acceso con finalidade distinta, como puidese ser a obtención de datos ou documentación en proveito persoal ou de terceiros (Cuestión que non é o caso que se formula ante vostede por ningunha das partes implicadas). A Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativa, derrogou expresamente os artigos 6 a 10 da Lei 62/1978, do 26 de decembro, de Protección dos Dereitos Fundamentais da Persoa, que se atopan regulados agora nos arts. 114 a 122 da nova Lei Xurisdicional, establecendo un procedemento preferente e urxente, que iguala a este proceso especial co contencioso-administrativo ordinario. Trataríase de defender, ao abeiro do art. 23 CE, o IUS in OFICIUM dos membros das Corporacións locais, tendo sempre presente a perspectiva de que a solicitude de información se utiliza para materializar actividades de fiscalización e control da acción municipal, ou ten por obxecto materias que deban ser, ou esteñan relacionadas directamente, con asuntos propios da competencia da Corporación local. Neste sentido encoméndase a lectura da Sentenza do Tribunal Supremo de 20 Xuño de 2003 da que extractamos:

Terceiro. (...) debendo de centrarse o noso axuizamento, partindo da premisa do dereito á obtención dos antecedentes, datos e informacións, en determinar se os datos solicitados e negados son precisos para a real efectividade do dereito fundamental á participación nos asuntos públicos. Sobre este punto, a STC 220/1991 formulou as seguintes premisas extraidas da doutrina doutras sentenzas anteriores:

a) O dereito fundamental recoñecido no artigo 23 CE é un dereito de configuración legal correspondendo a la Lei ordenar os dereitos e facultades que correspondan aos distintos cargos e funcións públicas pasando aqueles, en virtude da súa creación legal, a quedar integrados no status propio de cada cargo, coa consecuencia de que poderán os seus titulares defender, ao amparo do artigo 23.2 CE o ius in officium que consideren ilexitimamente constreñido.

b) O citado dereito constitucional garante non só o acceso igualitario ás funcións e cargos públicos, senón tamén a manterse neles sen perturbacións ilexítimas e a que non se lles impida desempeñalos de conformidade co que a Lei dispoña.

c) A norma contida no artigo 23.1 resulta inseparable da do artigo 23.2 cando concirne a parlamentarios (ou membros electivos de Entidades Locais) en defensa do exercicio das súas funcións, xa que iso comporta tamén o dereito mesmo dos cidadáns a participar, a través da institución da representación, nos asuntos públicos.

(...) Cuarto. O segundo dos motivos invoca a infracción dos artigos 23 de la CE, 77 de la Lei 7/85, 14, 15 e 16 ROFRJCL facéndose referencia aos artigos 54 TRRL e 173 do ROFRJCL e 7 do Código Civil. O artigo 14.1 RD. 2568/1986, 28 Nov., ROFRJEL (en concordancia co artigo 77 de la Lei 7/85, 2 Abr.) sinala que «todos os membros das Corporacións Locais teñen dereito a obter do Alcalde ou Presidente ou de la Comisión (Xunta de Goberno Local) de Goberno cantos antecedentes, datos ou informacións obren en poder dos servizos de la Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función.» A xurisprudencia desta Sala, reflectida nas sentenzas de 19 Xullo de 1989, 5 Maio de 1995 e 21 Abril de 1997 sentou os seguintes criterios:

a) Na sentenza de 19 Xullo de 1989, despois de destacar que o dereito a participar en asuntos públicos implica, con relación aos asuntos públicos municipais, que os Concelleiros teñan acceso á documentación e datos de que dispoña a Corporación á que pertencen, o mesmo supón unha facultade de acceder á documentación e información existente, de forma que a actividade no Concello poida desenvolverse co debido coñecemento de causa, pero sen engadir ningún outro complemento que exceda do fin de estar plenamente informados de todo o que conste nos diversos servizos municipais.

b) Na sentenza de 5 Maio de 1995 distinguíase igualmente entre o dereito de acceso á información e o dereito á obtención de fotocopias, dicindo sobre o particular que a facultade de acceso á información de calquera expediente ou antecedente documental recoñecida por la Lei só pode obterse mediante o libramento de copias nos casos legalmente autorizados de acceso libre dos Concelleiros á información ou ben cando ela sexa expresamente autorizada polo Presidente de la Comisión de Goberno (hoxe, Xunta de Goberno Local) (artigo 16.1.a. en relación co 15 do ROFRJCL).

c) Na sentenza de 21 Abril de 1997 expoñiamos que o acceso á información para o exercicio da función de Concelleiro o cobre o artigo 14 do Regulamento de Organización mencionado, non así o dereito á obtención de copias, debéndose destacar que é o dereito de acceso directo á información o que se integra no artigo 23.2 de la Constitución e non o de obter copias de documentos.

d) Na sentenza desta mesma Sala e Sección de 29 Abril de 1998 sinalabamos que o acceso á información deriva da autorización contida no artigo 14 do ROFRJCL.

e) Do análise xurisprudencial precedente infírese que no desenvolvemento do artigo 23.2 de la Constitución non existe norma que consagre o dereito dos Concelleiros a obter de modo indiscriminado copias lexitimadas ou fotocopias dos documentos que integran expedientes completos, ao exame dos cales teñen dereito, segundo o ordenado nos artigos 77 de la Lei 7/1985, de 2 Abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e 15 e 16 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. f) Este mesmo criterio xurisprudencial se reitera na posterior sentenza de 14 Marzo de 2000.

(...) Quinto.....ha de terse en conta que os Concelleiros, unha vez accederon ao cargo, participan dunha actuación pública que se manifesta nunha ampla gama de asuntos concretos municipais, entre os que cabe destacar o dereito á fiscalización das actuacións municipais, e ao control, análise, estudio e información dos antecedentes necesarios, obrantes nos servizos municipais, tanto polo seu labor de control, como para documentarse de cara a decisións a adoptar no futuro (...). Impedir o exercicio dos dereitos cívicos recoñecidos, en determinadas circunstancias ten o seu reflexo no ámbito do Dereito penal, para garantir a efectividade do dereito á información no art. 542 de la Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, pola que se aproba o Código Penal (ver as Sentenzas do 8 de febreiro de 1994 e do 6 de xuño de 1997). O delito de prevaricación absorbe as consecuencias xurídicas producidas pola aplicación torcida deste dereito, como se desprende da sentenza do Tribunal Supremo, do 14 de xuño de 1999.

Para examinar a normativa que regula o acceso á información e documentación, partimos da lexislación básica estatal. La Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, contempla con carácter indelegable para o Pleno (artigo 22.2.a) e artigo 33.2.e)) a competencia de control e fiscalización dos órganos de goberno respectivos. Para iso, é necesario prever mecanismos que garantan este acceso á información e documentación existentes, e considerar á oposición como suxeito activo deste dereito: o art. 37.6 de la Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común a regular o dereito de acceso a Arquivos e Rexistros establece que se rexerán polas súas disposicións específicas:

f) O acceso aos documentos obrantes nos arquivos das Administracións Públicas por parte das persoas que ostenten a condición de Deputado das Cortes Xerais, Senador, membro dunha Asemblea lexislativa de Comunidade Autónoma ou dunha Corporación Local. O que nos conduce ao artigo 77.2 LRBRL (redacción por Lei 11/1999, do 21 de abril) e 107.1 LALA (Lei de Administración Local de Aragón 7/99) que dispoñen todos os membros das Corporacións locais teñen dereito a obter do Alcalde ou Presidente ou de la Comisión de Goberno (Xunta de Goberno Local) cantos antecedentes, datos ou informacións obren en poder dos servizos de la Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función.

A solicitude de exercicio do dereito recollido no parágrafo anterior haberá de ser resolta motivadamente nos cinco días naturais seguintes a aquel en que se presentase. Destacando neste punto que, en Aragón, o artigo 107.3 LALA establece. Nos demais casos, a solicitude de información entenderase aceptada se non se dita resolución denegatoria no prazo de catro días dende a presentación da solicitude. A denegación deberá ser motivada e fundarse no respecto aos dereitos constitucionais á honra, a intimidade persoal ou familiar e á propia imaxe, por tratarse de materias afectadas por segredo oficial ou sumarial. Esta colisión de prazos entre la LBRL e la LALA é interpretado pola doutrina de dúas maneiras: mentres que uns sosteñen que prevalece a lexislación básica (cinco días), outros consideran de maior peso o exercicio dun dereito (catro días) desbotando a posibilidade de invasión competencial.

Os preceptos citados UT SUPRA comprenden a todos os membros electivos, tal e como expón a sentenza do Tribunal Supremo, do 26 de febreiro de 1996: sen que poida ampararse a denegación en ser un Concelleiro sen área de Gobierno, porque o art. 77 LBRL e 107 LALA fan extensivo o dereito de información "a todos os membros das Corporacións locais" teñan ou non área de goberno e con independencia de que formen parte ou non de determinados órganos desta; así se sostén pola Xustiza de Aragón, en resolución do 1 de agosto de 2000, e recóllese en reiterada doutrina xurisprudencial (por todas, a sentenza do Tribunal Supremo, do 9 de maio de 1998).
Nesta mesma liña, a STS do 26 de febreiro de 1996 declara que o dereito dos concelleiros a obter información de cantos antecedentes, datos e informes obren nos servizos municipais non pode denegarse sobre a base de que o solicitante non ten responsabilidades de goberno nin acreditou que os precise para o desempeño da súa función.

A su vez, o dereito a información non se circunscribe aos asuntos que figuren na orde do día ni é allea a súa función o exáme da documentación que se considere precisa, correspondendo a Corporación acreditar que a finalidade das peticións non é outra que, en abuso do Dereito, á de obstruir o funcionamiento da Administración, como Este dereito dos membros electivos das Corporacións locais a obtener do respectivo Presidente cantos datos e informacións precisen pra o desenrrolo da súa función non esixe aos solicitantes explicacións ou xustificacións da razón por la que se piden, como se recolle na sentenza do Tribunal Supremo do 26 de xuño de 1998 que a súa vez se refire a do 7 de maio de 1996.

Dí a STS de 28 de mayo de 1997: A lexislación vixente non esixe que os solicitantes dunha información teñan que explicitar ou fundamentar a finalidade das súas peticións. A razón da solicitude dunha información débese entender implícita no exercicio das súas funcións por parte dos Concelleiros, aos que corresponde o control e fiscalización dos órganos de goberno da Corporación (art. 22 LBRL e 29 LALA) o que implica que estes non teñan por que dar unha razón formal de todas as súas actividades de control.

Ver tamén la Sentenza do Tribunal Supremo do 6 de maio de 1998. En desenvolvemento das previsións da lexislación básica examinada, o artigo 107 de la Lei de Administración Local de Aragón (7/99), e no non contido en ela, o RD 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, especialmente nos artigos 14 a 17, concretan os termos nos que se exerce o dereito á información: O artigo 14 ROF é reiteración do disposto no art. 77 LBRL, (acomodado á adición sufrida por este precepto a consecuencia de la Lei 11/1999, do 21 de abril). E o art. 15 ROF concreta os supostos nos que non se precisa de resolución por parte do Presidente da Corporación.

Hai que distinguir entre á información que require da oportuna resolución tendo presente que a negativa do Presidente debe ser suficientemente motivada (art. 77.2 LBRL, art. 107 LALA, art. 14.3 ROF e Sentenzas do Tribunal Supremo de 26 de xuño de 1995 e 5 de novembro de 1999), e aquela outra na que non se require autorización e que implica que os servizos administrativos están obrigados a facilitala, gozando dun estatuto singular, como sucede nos casos de acceso dos membros de la Corporación que ostenten delegacións ou responsabilidades de xestión, á información propia das mesmas; de acceso de calquera membro de la Corporación á información e documentación correspondente aos asuntos que haxan de ser tratados polos órganos colexiados de que formen parte, así como ás resolucións ou acordos adoptados por calquera órgano municipal, e do acceso dos membros de la Corporación á información ou documentación da entidade local que sexan de libre acceso para os cidadáns. A información que é de acceso libre aos cidadáns o é tamén para os membros da Corporación.

Destacamos ademais que o artigo 107.2.d) LALA regula o acceso dos concelleiros á información dun xeito tan amplo que inclúe na súa enumeración o suposto de libre acceso propio dos cidadáns que non actúan un dereito fundamental de participación ou representación política ex artigo 23 CE. O Presidente de la Corporación debe ter presente sempre que a interpretación do dereito á información non debe ser restrictiva, e que o posible carácter abusivo da petición deberá quedar evidenciado claramente.

Se ben é verdade que tamén se ha de considerar que non estamos ante un dereito absoluto, senón que debe ser posto en relación coa natureza da información mesma, da materia sobre a que se solicita e das circunstancias concorrentes (Sentenza do Tribunal Supremo do 19 de outubro de 1997). Outro tipo de problemas vén constituído pola obtención de copias por parte dos devanditos membros, cando exercitan ese dereito á información: o artigo 16.1.a) in fine do ROF prevé que o libramento de copias se limitará aos casos citados de acceso libre dos concelleiros á información e aos casos en que iso sexa expresamente autorizado polo Presidente de la Comisión de Goberno (léase, Xunta de Goberno Local) (ver as Sentenzas do Tribunal Supremo de 27 de decembro de 1994, 5 de maio de 1995, 13 de febreiro de 1998, 13 de febreiro de 1998, 29 de abril de 1998 e 14 de marzo de 2000).

En canto ao modo en que se pode consultar a documentación interesada está suxeito a unha serie de regras, en función do contido da información de que se trate, como se recolle no art. 16 ROF: Se se refire aos asuntos incluídos na orde do día das sesións plenarias, en aplicación do disposto no artigo 46.2.b) LBRL e 107 LALA, dita documentación deberá figurar a disposición dos Concelleiros dende o mesmo día da convocatoria, en la Secretaría de la Corporación. Se se trata doutro tipo de sesións, neste caso o artigo 16.1.a) ROF dispón que poderá facerse unicamente no lugar en que se atopen de manifesto a partir da convocatoria. A consulta dos libros de actas e os libros de resolucións do Presidente deberá efectuarse no arquivo ou en la Secretaría Xeral (art. 16.1.c) ROF), e a consulta xeral de calquera expediente ou antecedentes documentais poderá realizarse, ben no arquivo xeral ou na dependencia onde se atope, ben mediante a súa entrega ou de copia para que poida examinalos no despacho ou salas reservadas aos membros de la Corporación, debendo asinar no caso de entrega un xustificante de recepción, coa obriga de devolver o expediente no termo máximo de corenta e oito horas, ou antes, en función das necesidades do trámite do expediente en cuestión, todo iso en aplicación do previsto no artigo 16. 1. a) e 2 ROF.

En relación con el deber de sixilo (Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal), recordar que si á información que se solicita fora susceptible de afectar a intimidade das persoas, produciéndose una colisión entre o dereito a participar nos asuntos públicos recollido no artígo 23.1 CE e o dereito a intimidade persoal que outorga a tódolo ciudadans o artígo 18.1 tamén da Carta Magna, a STS do 9 de febreiro de 1998, declara que, por outra parte, no lles exime de que cumprido o fin, queden obrigados a suxetarse ao deber de secreto respecto daqueles datos personais que poidan atentar o dereito a intimidade dos concernidos (ver tamén a Sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 5 de setembro de 1997).

O artigo 107.5 LALA dispón así mesmo que os membros das Corporacións deberán respectar a confidencialidade da información a que teñan acceso en virtude do cargo sen darlle publicidade que puidese prexudicar os intereses da entidade local ou de terceiros, deber de gardar reserva que tamén se recolle no artigo 16.3 ROF. Non hai que confundir este dereito de acceso á información co dereito de petición, que non é o que debe ser invocado cando o solicitante é membro do órgano e representante (STC 242/93). Tras a reforma de la LBRL pola lei 11/99 introdúcese un segundo parágrafo ao artigo 77, que o lexislador aragonés trasladou ao artigo 107.3 LALA e nos que se establece o silencio positivo para calquera solicitude de información que non resulte incluída nos parágrafos anteriores.

En calquera caso, se a pesar do silencio positivo non se proporciona a información ao Concelleiro, á única vía de reacción que lle queda a este é a xurisdicional; tras a que, despois dun longo proceso, se o Xuíz considera probada a lesión por omisión do dereito, fallará a favor do Concelleiro e ao Alcalde deberá proporcionar a información (¿varios anos despois de solicitala?), sen maiores consecuencias.

Vestixos recentes sen futuro de conservación

Vestixos recentes sen futuro de conservación
Cabanas como tódolos concellos que integran á axenda 21 da asociación Euroeume ten como obxectivo sumar os esforzos de tódolos integrantes do territorio para acadar melloras estructurais que permitan un incremento integral da calidade de vida (desde o punto de vista económico, social, medio ambiental……….) pero sobre todo acadar un nivel de desenvolvemento onde o cidadán sexa o protagonista e poida incidir activamente no deseño do seu futuro.

Neste sentido, xa dende hai algún anos, trátanse de empregar diferentes vehículos de comunicación donde se intenta manter unha información directa do traballo realizado e dos proxectos de futuro. Dende iniciativa Veciñal Cabanesa pensamos que a lonxanía dos medios de comunicación non sempre permite obter unha información real da nosa comarca e dos feitos do día a día, alo menos, esto é o que pasa no noso territorio cabanés.

Cara a madurez dos proxectos cómpre conquerir unha participación efectiva de tódolos sectores e das institucións públicas implicadas, así como achegar a toda a poboación os pasos que se van dando dende os distintos gobernos municipais. De non ser así débese poñer en coñecemento da cidadanía os pasos que deberán darse para mellorar a oferta cultural das zoas rurais e rururais.
Por iso aquí estamos, e decimos que cómpre empregar máis persoal para contar cunha estructura municipal sólida e estable nas áreas de servizos á comunidade. Reducir a dependenza dos programas de subvencións que poñen atrancos a continuidade de bós profesionais e das programacións municipais. Sen dúbida é necesario mancomunar servizos e xuntar esforzos; é necesario poñer a punto os recursos culturais que temos abandoados pra acoller a esa cidadanía en demanda de lecer, e reducir a alta taxa de paro que temos no concello, na comarca.
Non podemos deixar pra máis adiante que os nosos vestixios culturais desaparezan co paso do tempo sen que ninguén faga o necesario por recuperalos. Para mostra do que pretendemos volo mostramos coa fonto da fonte e lavadeiro de Fontao para que a concelleria de Turismo que rexe a Agrupación de Electores de Cabanas tome nota do que non se pode deixar para despois……………………..

A Xustiza gratuita

A xustiza gratuíta

Unha das causas polas que chegamos a este descrédito político e institucional (chámese desaceleración, crise, recesión, involución ou como a vostedes gústelles chamalle ás grandes desigualdades que padecemos) sen dúbida debémosllo ao exercicio desa "vocación nobre" dos nosos políticos que en momentos tan transcendentales non quixeron redactar esa Lei de xustiza gratuíta prometida na Constitución do 78, e ante as vellas democracias europeas.
Sen dúbida a interesada interpretación que certos sectores empresariais e financeiros do ámbito do ladrillo lle deron ás necesidades da vivenda e o exercicio desmesurado desa “vocación nobre” próxima a nós (Alcaldes, Concelleiros, Deputados) coñecedores das limitacións que a xustiza ofrecía e ofrece á cidadanía contribuíron sobre xeito a que teñamos este desasosego esta desconfianza social e económica.

Desta mestura de intereses podemos sacar moitos dislates que sen dúbida nos levasen irremediablemente a discernir sobre se se cometen ou non se cometen delitos con esta ou aquela licenza con este ou aquel convenio urbanístico ou con este ou aquela concesión de servizos por dicir algunhas do moito que se consentiu e se seguirá consentindo cando os de sempre volvan aparvar os seus respectivos electorados. Porque imos a ver..............., Sr. Veciño se fulanito o fixo (o mal trato, o edificio con sobre volume, o peche da casa pegado á estrada, a hipoteca sen avais, o furto, o fraude.................., etc.) é porque podía, non me diga vostede que está a delinquir menganito porque fulanito fixo o mesmo e non lle pasou nada...............sigue lucindo como sempre o seu ouro e a súa prata; vostede o que ten é moita envexa de verlles multiplicarse..................., e senón vallase vostede "á xustiza" que é "gratuíta" cóntelle vostede ao fiscal o que lle pasa e verá como lle pon en antecedentes, logo vostede faga........................, faga, faga, pague a minuta do avogado por si o fiscal non planteas o asunto como debera que a sociedade lle recompensará..................a su laboura, a súa obriga como cidadan.....................

O certo de todo isto é que así acotencen ás cousas noso país, e así nós vai, e nós seguirá indo. Non sería o mesmo se existise esa Lei de xustiza gratuíta que nos prometeron. Se se dese esa afastada conquista social. A nosa cidadanía sen rancores nin envexas podería ser un exemplo de sociedade avanzada, é os de sempre, por exemplo os de Estepota, Coslada, Marbella...........por citar algúns non terían máis remedios que adaptarse a legalidade.

Cómpre polo tanto dispoñer dunha xustiza gratuíta á que podería acceder calquera persoa como aquela que advirte do inicio dun incendio, do mal tratato da veciña. Algo substancial e natural que debe darse nun estado de dereito plural e democrático para que esa crise esa desaceleración esa grave inflación esos impostos abusivos, esos graves delitos medio ambientais e urbanísticos non existan ou a súa existencia sexa de moi escasa frecuencia e relevancia.

MANIFIESTO de I.V.C.

Recordando el ayer nos encontramos con la actualidad política de hoy.
Lo mismo de lo mismo, y sino lean ustedes Señoras y Señores internautas, y digan SI el manifiesto de 1999 de INICIATIVA VECIÑAL CABANESA no refleja la nefasta realidad de nuestros gobernantes de hoy.